El Estado Plurinacional de Bolivia (de aquí en adelante, Bolivia) alberga una enorme diversidad natural y cultural, así como múltiples sistemas y productos alimentarios diferenciados por regiones (Altiplano, Valles, Llanos, Chaco y Amazonía). El derecho al agua y a la alimentación se reconoce como un derecho fundamental consagrado bajo la Constitución Política, la cual también señala que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población (artículo 16 de la Consitución Política de Bolivia). A pesar de ser un país rico en recursos naturales y contar con el compromiso explícito del Estado en garantizar la seguridad alimentaria, Bolivia se enfrenta a una serie de retos y desafíos con miras a alcanzar sistemas alimentarios sostenibles e inclusivos.

En primer lugar, el modelo de producción agroindustrial predominante en Bolivia se basa en una sobreexplotación de los recursos naturales (suelos, recursos hídricos y bosques). Esto genera pérdidas en la biodiversidad y merma la capacidad de mitigación del cambio climático. Asimismo, estas dinámicas productivas están desplazando y debilitando a la agricultura familiar, proveedora de gran parte de la canasta básica de alimentos en Bolivia, que no puede competir con el sistema de producción agroindustrial en escala debido a los bajos rendimientos y calidad de sus productos. Además, el aumento de las importaciones de productos alimentarios agudiza los riesgos a los que se enfrentan los agricultores de pequeña escala y, en general, el debilitamiento de la agricultura familiar pone en riesgo el acceso y disponibilidad de alimentos y los medios de vida de una población en gran parte agrícola. Esta situación se ha visto exacerbada por los efectos del cambio climático que desincentivan a los agricultores, quienes se ven obligados a abandonar el campo y migrar a las ciudades en busca de mejores oportunidades económicas. Como resultado de estas tendencias, se reduce la disponiblidad y diversidad de productos alimentarios ofertados en los mercados nacionales, así como la posibilidad de desarolllar nuevos productos para mercados internacionales.

Por otro lado, la prevalencia de la desnutrición ha disminuido considerablemente en las últimas décadas (de 27,9 % en 2001 a 12,6 % en 2019). No obstante, garantizar la seguridad alimentaria sigue siendo un desafío fundamental para el país. La persistencia de la pobreza, principalmente en las zonas rurales, limita el acceso a alimentos y servicios básicos, así como la inversión en actividades productivas. Además, y en línea con las tendencias nutricionales actuales en América Latina, la mala alimentación, la ingesta de alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas y comida lista para su consumo, resulta en altos índices de sobrepeso y obesidad tanto a nivel rural como urbano.

Se trata, pues, de un escenario desafiante que exige coordinación y una gobernanza eficaz para transitar hacia sistemas alimentarios sostenibles. Para ello, se debe dar solución a fenómenos de larga data, algunos de los cuales se han agudizado con el tiempo, como la expansión de la frontera agrícola, que aceleró la deforestación para la plantación de monocultivos y la cría de ganado, así como la pérdida de agrobiodiversidad a causa de la explotación de los recursos naturales. En este sentido, la actual gobernanza de los sistemas alimentarios, que se caracteriza por la falta de coordinación y articulación entre sus diferentes actores, debe cambiar. Es fundamental crear espacios de diálogo y confianza para romper con la fragmentación en la toma de decisiones de tal forma que la población boliviana decida colectivamente qué camino tomar para alcanzar una transformación sostenible e inclusiva de los sistemas alimentarios de su país.